Gran paso contra el fraude, también en el sector energético

Desde que Endesa en 2018 se detectaran 65.000 casos de fraude eléctrico, se han llevado a cabo numerosas medidas y políticas más restrictivas para detectar y evitar estos fraudes.

Lo hacen desde manipulando los contadores para que estos no registren el consumo real o manipulando el reloj o los discriminadores, con empalmes, etc. Todas estas acciones constituyen aquellas pérdidas o «salidas» de electricidad que las distribuidoras no pueden identificar.  La principal víctima de esta situación es el cliente final, quien  paga el precio de las pérdidas ya que la el precio de la luz se eleva, para suplir las pérdidas de energía disponible para los demás usuarios.

¿En qué consisten dichos fraudes? Al contrario de lo que piensa mucha gente, sólo un 1% son pequeños robos de particulares con bajos ingresos con enganches o derivaciones. La mayoría de los casos de fraude vienen dados por grandes empresas y zonas residenciales.

Las empresas de carácter industrial, las hoteleras y hasta la producción ilegal del cannabis son los principales sectores que están detrás de estos casos de defraudación del fluído eléctrico. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), desde 2018, ha tomado diferentes medidas para disminuir de forma significativa las cuantiosas pérdidas que estos fraudes provocan en el sistema mediante premiar a las distribuidoras y comercializadoras que detecten los fraudes.

Además se añade en la lucha contra el fraude que el Ministerio de Hacienda, el 6 de febrero de 2020, reveló que va a poder tener acceso a los titulares reales de 2,5 millones de sociedades. ¿Qué significa esto? Que podrán saber quién está detrás de las sociedades opacas, las culpables de muchos callejones sin salida en la búsqueda de los culpables de cualquier tipo de fraude. Este es un gran paso, ya que la Agencia Tributaria (AEAT) consigue tener acceso al Consejo General del Notariado, y en particular, a la Base de Datos de la Titularidad Real del Notariado. Con este pacto entre ambos organismos, la Agencia Tributaria podrá contar con un registro, que se actualizará de forma periódica, de datos de testaferros y administradores, desde ONGs a partidos políticos.

Cada vez se complica más esconderse detrás de estas sociedades creadas con el único fin de cometer actividades fraudulentas, ya que no sólo la Agencia Tributaria podrá saber el titular real de la sociedad, si no que también podrá saber:

• Las entidades de las cuales la persona jurídica en cuestión es propetaria de acciones o participaciones o el porcentaje real en estas.
• Identidad de los poderdantes (aquellas personas que deciden darle un poder a una tercera persona para que realice cualquier acción en su nombre).
• Apoderados.
• Admnistradores de sociedades.

De esta forma, la Agencia Tributaria podrá ver las operaciones de financiación que estas sociedades han llevado a cabo y, lo más importante, qué medios de pago se han utilizado si ante un notario se han negado los implicados a dar dicha información.

¿Supondrá esto el fin de este fraude? Quién sabe, de momento, se complica mucho más las maneras de ocultarse mediante trucos fiscales para eludir impuestos, pagos y demás responsabilidades.