Todo empezó en diciembre del año 2018, cuando el Gobierno de Bolivia emitió un decreto en el que se autorizaba a un sociedad mixta compuesta por la alemana ACI Systems (ACISA) y la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la explotación del preciado mineral en el salar potosino de Uyuni. El litio posee unas propiedades que lo convierten en indispensable para las baterías de multitud de aparatos electrónicos, como las de los teléfonos móviles, por ejemplo.

El Gobierno de Evo Morales defendió el decreto con el convencimiento de estar «decidido a industrializar Bolivia y ha invertido grandes cantidades para garantizar que el litio se procese dentro del país para exportarlo solo en forma de valor agregado, como en baterías» En este acuerdo comercial, se estipulaba que las comunidades bolivianas obtendrían un 3% de los beneficios, un porcentaje notablemente inferior al de otras comunidades en países vecinos como Chile o Argentina, según afirman los portavoces de estas asociaciones ciudadanas.

La explotación de litio desata protestas en las calles bolivianasEste acuerdo degeneró en una serie de movilizaciones promovidas por el Comité Cívico Potosinista que exigían un porcentaje mayor para las comunidades indígenas. Ante las duras protestas, el gabinete de Evo Morales tomó la decisión de derogar el decreto del 3 de noviembre pasado con el objetivo de renegociar los términos del acuerdo para brindar más beneficios a la población de la zona, o incluso a una posible nacionalización completa de la explotación de litio, según fuentes de medios nacionales.

La empresa alemana ACISA no tardó en dar a conocer su discrepancia con la decisión. Según declaraciones de la compañía, “la parte alemana de la empresa conjunta no tiene ninguna influencia sobre ese porcentaje del que se debería beneficiar la población local. Nosotros no podemos y no debemos interferir en esto porque se trata de asuntos internos de Bolivia». 

Por otra parte, la empresa ACISA realizó la siguiente declaración: “Estamos seguros de que nuestro proyecto de litio podrá continuar después de una fase de pacificación y clarificación política». Dos semanas más tarde, se produce un golpe de Estado que ha obligado al presidente Evo Morales a renunciar y exiliarse del país. Sin embargo, se desconoce cómo continuarán las negociaciones, ya que la empresa alemana todavía hoy no ha recibido ninguna notificación que le anuncie el cese de la actividad.

Las reacciones a nivel mundial han sido dispares. Mientras algunos todavía discuten que se trate de un golpe de Estado, y señalan a un posible fraude en las elecciones, personalidades como el exmandatario de Uruguay, José Mujica, relacionan la derogación del decreto con el mensaje del ejército boliviano que “sugirió” a Evo Morales renunciar a la presidencia. Por su lado, los Estados Unidos han reconocido oficialmente a la nueva presidenta Jeanine Áñez y llaman «a todas las partes a proteger la democracia».

Suceda lo que suceda a nivel político durante las próximas semanas, Bolivia continuará siendo el país con la mayor reserva mundial de litio, con un total de 21 millones de toneladas. ¿Conseguirá beneficiarse la población local de esta riqueza o será una oligarquía la que se enriquezca a su costa como ya ha sucedido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia?

 

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